El Presidente ordenó quemar todas las bibliotecas que había en la ciudad. El objetivo era acabar con esos estupefacientes de celulosa que estaban trocando la voluntad del pueblo: los libros. Sólo debía quedar uno, la 'Carta de los Derechos y Deberes del Ciudadano', que sería custodiado en el Palacio del Gobierno y que regularía las relaciones entre los miembros de la comunidad. La interpretación de los párrafos incluidos en la Carta correspondería a un grupo de sabios elegidos directamente por él.
No tuvo tiempo de huir, las llamas lo rodeaban segundos después de firmar el Decreto.
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